En Bélgica, vivir en una terreno, en una caravana o en una caseta de verano, se ha convertido en una alternativa para aquellos que no tienen los medios para acceder a un alojamiento clásico. En un principio, ‘las fincas’ son lugares de vivienda destinados a los veraneantes. Los primeros habitantes que se instalaron de forma permanente lo hicieron a finales de los años 70. Desde entonces y debido a la falta de viviendas públicas el fenómeno no deja de aumentar. Se estima que más de 10.000 personas viven hoy en día en estos lugares, a menudo aislados y que presentan un acceso muy limitado a los servicios.

Es una ‘finca’ entre las muchas que existen, situada en la Región Valona (región belga de habla francesa), en una localidad que tiene cerca de 6.000 habitantes. Está un poco apartada, a unos cuantos kilómetros del pueblo, y allí viven 300 personas aproximadamente. Las condiciones de vida no son fáciles, hay cortes frecuentes de electricidad y además, todos los días, cortes de agua. Ciertamente, las instalaciones están previstas para los veraneantes y no para que las personas vivan todo el año. Los habitantes deben organizarse para asearse, cocinar o lavar la ropa. Los cortes de electricidad son imprevisibles: «Los cortes a menudo ocurren cuando cocinamos o cuando comemos. La última vez, hubo uno por la mañana y no pude asearme para ir al colegio» explica una adolescente.

La movilidad es otra dificultad puesto que la ‘finca’ se encuentra a unos 5 km del pueblo. Hay dos autobuses al día, uno por la mañana y otro por la noche. ¿Cómo volver de la escuela cuando se tiene horarios que no coinciden? ¿Qué actividades de recreo se pueden realizar? ¿Cómo hacer las compras cuando no se tiene coche o dinero para la gasolina? ¿Cómo hacer para recibir una formación o buscar trabajo? ¿Y para ir al médico o al hospital?

Muchos de los habitantes señalan la estigmatización que sufren por el hecho de vivir en una finca: «veces, nos molesta un poco decir que venimos de la ‘finca’. Estás fichado, marcado en rojo«. «Cuando vamos al pueblo y decimos que venimos de la ‘finca’, nos denigran. Generalizan. ¡Para ellos, no somos nada!«.

Los habitantes piden ser prudentes en cuanto a lucha por el acceso a los servicios básicos. Una joven pareja explica: «Cuando nos queremos movilizar para cambiar las cosas, corremos el riesgo de que se vuelva en nuestra contra. Si por ejemplo, luchamos para que haya agua y electricidad de forma permanente en la ‘finca’; si luchamos para que hagan las obras necesarias. Nos arriesgamos a que después el agua y la electricidad nos cuesten más caro. Si el alcalde viene a ‘la finca’ a meter las narices, nos arriesgamos a que quiera arrasarlo todo porque hay viviendas aquí que no cumplen en absoluto la normativa«.

Tampoco vamos a negar las tensiones y los conflictos que animan a veces la vida de ‘la finca’ o la solidaridad y la convivencia que también están presentes. Una pareja que vive en ‘la finca’ desde hace algunos años comenta: «Nos ayudamos mutuamente. A veces, los jóvenes vienen a echarnos una mano. Cuando llegamos, tuvimos que echar 33 toneladas de gravilla para recubrir el suelo. Para mover nuestra caravana también hemos tenido ayuda. Hay una buen entendimiento entre las personas«. Otra señora nos explica: «Aquí, nos las arreglamos entre todos. Si hay alguien que tiene un problema con el coche y tiene que bajar a la farmacia o a hacer compras, nos organizamos«.

Ante a la subida constante de los alquileres y el alto coste de vida, la finca puede representar una alternativa. «[Vivir en la finca], permite vivir bien. Tenemos muchos menos gastos». Una pareja nos explica como han hecho para llegar a ser propietarios de su propia casa: «Gracias al alquiler con derecho a compra, hemos podido pasar a ser propietarios de la caravana y del terreno. Como no era caro, hemos podido ahorrar para construir después una casa (…). Era mi sueño, es lo que siempre he querido, ser propietario y tener nuestra propia casa. Nunca hubiera podido comprar en la ciudad«.

Vivir en una ‘finca’: ¿Una elección?

Muchos no han elegido vivir en una ‘finca’. Un vecino nos explica: «Las familias pobres no han tenido elección a la hora de vivir aquí porque los alquileres en la ciudad son muy caros (…). Vivíamos en una caravana en la ciudad y la policía local no quería que viviésemos allí porque no estaba reconocida como vivienda. Solicitamos una vivienda pública pero eso lleva mucho tiempo«.

La autoridad regional quiso reaccionar contra el fenómeno del aumento de alojamiento permanente en ‘las fincas’ y el gobierno regional adoptó en 2002 un Plan de acción plurianual relativo a la Residencia Permanente en instalaciones turísticas. El objetivo de este Plan es acompañar a los residentes de ‘las fincas’ que, de forma voluntaria, quieran ser realojados. De hecho, a los municipios se les invita a disuadir, incluso a prohibir, la instalación de nuevos residentes en ‘las fincas’. A largo plazo, el Plan de Residencia Permanente tiene como objetivo vaciar las fincas de personas que residan allí de manera permanente.

«Si ‘las fincas’ cierran, habrá gente que construirá chabolas, explica una vecina. Cogerán lonas, tiendas viejas o caravanas para protegerse de las inclemencias. (…) Vivir en una caravana es lo más barato. Pero si se cierra ‘una finca’, se abrirá otra en otro lugar. Aunque esté prohibido, las personas no tienen elección, es la única manera de sobrevivir». Las personas más pobres se encontrarán en sitios donde habrá menos infraestructuras colectivas y serán todavía menos «legales». Además, no tendrán una dirección de domicilio y se verán privadas de sus derechos sociales. Con el pretexto de garantizar un alojamiento decente, se va a hundir a las personas más pobres en una situación todavía más precaria. De forma general, el gobierno regional tiende a reducir el número de viviendas habitualmente ocupadas por personas en situación de pobreza (fincas, alojamientos públicos, alojamientos insalubres) sin proponer ninguna solución.

Al impedir que las personas más pobres se instalen en las ‘fincas’, este Plan entra completamente en contradicción con la finalidad que perseguía: luchar contra la pobreza y garantizar los derechos fundamentales. En efecto, desde una perspectiva basada en los derechos humanos es necesario reconocer las soluciones que las personas más pobres han probado en materia de vivienda. De este modo podemos afirmar que cuanto más se nos impida acceder al alojamiento, más se verán obstaculizados todos los otros derechos.

Foto © ATDCuartoMundo Bélgica