Viernes, 22 de junio de 2018, de 13:00 a14:30
Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza

Organizado por el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Centro de Derechos Económicos y Sociales.

Antecedentes

La protección social, fundamentada en un conjunto de garantías de seguridad social concebidas para prevenir la pobreza y la exclusión social a lo largo del ciclo vital, en general se reconoce como un derecho fundamental. Como se enuncia en la Iniciativa del Piso de Protección Social dirigida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un sistema de protección social debería, como mínimo, garantizar el acceso a la atención sanitaria y la seguridad de un ingreso básico que permita a todas las personas el disfrute de una vida digna. A pesar de la gran importancia que reviste la protección social, aún hoy la mitad de la población mundial —el 55%, nada menos que 4 mil millones de personas— no cuentan con ningún tipo de sistema de protección social.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los agentes internacionales más influyentes, no solo en materia de política financiera sino también en materia de protección social, aun cuando el FMI y sus detractores preferirían que no fuese así. Habida cuenta de su posición única, el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos ha centrado su informe temático del 38 º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/38/33), del 18 de junio al 6 de julio de 2018, al papel que desempeña el FMI en materia de protección social. Se trata de un informe muy oportuno, puesto que actualmente el FMI ha iniciado un proceso de elaboración de un marco estratégico sobre su participación en materia de protección social y ha creado, a tales efectos, un grupo consultor conformado por diferentes personas expertas de diferentes ámbitos de la sociedad.

Durante muchos años, el FMI consideró que solo podía tomar en cuenta cuestiones macroeconómicas definidas de manera limitada. Mientras el FMI a lo largo de los años progresivamente ha ido aceptando la pertinencia de la protección social, en un cierto grado y dentro de su mandato, su enfoque de la protección social al parecer responde principalmente a estrechos criterios y posicionamientos fiscales frente a una concepción de la protección social basada en los derechos humanos. Para el FMI, los programas de protección social sobre todo cumplen el propósito de mitigar los efectos adversos que tienen los ajustes fiscales sobre los grupos «vulnerables».

Después de la crisis financiera global de 2008, muchos gobiernos prescribieron la consolidación fiscal como una medida para paliar el creciente déficit público, sin las salvaguardias necesarias en el ámbito fiscal que garantizasen pisos mínimos de protección social. Actualmente se estima que más de dos tercios de los países del mundo están contrayendo el nivel de gasto público y reduciendo su espacio fiscal. En esta era de austeridad, una deficiente inversión en materia de protección social implicará directamente una cobertura de protección social insuficiente, y el papel del FMI en este debate es, de nuevo, fundamental.

Objetivos

Los objetivos de este evento son abordar, entre otras, pero sin limitarse a, las cuestiones siguientes:

• ¿Qué aportan los derechos humanos al debate global sobre la austeridad y la protección social?
• ¿Qué papel deben desempeñar los mecanismos internacionales de derechos humanos?
• ¿Qué papel desempeña actualmente el FMI en el debate sobre la austeridad y la protección social?
• ¿Cuáles son los cambios necesarios en su enfoque sobre esta cuestión?
• ¿Qué papel desempeñan los derechos humanos?
• ¿Cómo pueden influir los mecanismos de derechos humanos y las ONG en la creación de un marco estratégico de protección social del FMI?
• ¿Qué papel deben desempeñar las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para contribuir al debate global sobre la austeridad y la protección social?