El pasado 2 de febrero, ATD Cuarto Mundo organizó un evento paralelo en la 56ª. sesión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, en colaboración con la Coalición Global para Pisos de Protección Social, Pain pour le Monde, la Confederación Sindical Internacional y el Comité de ONG para el Desarrollo Social.

Informe sobre el evento «Pisos de protección social, un instrumento fundamental para la erradicación de la pobreza: buenas prácticas y estrategias de futuro».

Oficialmente reconocidos por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 1.3, los sistemas de protección social basados en los derechos humanos, entre otros, los niveles mínimos, constituyen una estrategia fundamental para la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la exclusión social. Los pisos de protección social son un conjunto de garantías básicas de seguridad social definidas a nivel nacional que se manifiestan a través de una serie de transferencias sociales así como del acceso universal a servicios esenciales como el acceso a la atención sanitaria. Cuando estos pisos de protección social son funcionales y están adaptados a quienes se encuentran en situación de mayor necesidad, pueden contribuir a romper el círculo vicioso de la pobreza intergeneracional.

Este evento paralelo reunió diferentes enfoques procedentes de una diversidad de agentes de desarrollo, entre otros, organizaciones de la sociedad civil: ONG, sindicatos, Estados miembros y organismos internacionales. Asimismo, los ponentes debatieron con el público sobre la necesidad de ampliar la cobertura social para todas las personas, entre otras, quienes están en situación de mayor necesidad, gracias a un enfoque de derechos humanos, que incorpore estrategias que se elaborarán en el futuro, de conformidad con los estándares internacionales y nacionales existentes.

MODERADOR:

Peter Bakvis: director de la Confederación Sindical Internacional, ITUC/Global Unions, oficina de Washington.

PONENTES:

Régis De Muylder, coordinador de proyecto, Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo Haití

Isabel Ortiz, Directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo

Hanta Fida Cyrille Klein, asesora de la misión permanente de la República de Madagascar ante las Naciones Unidas

Héctor Cárdenas, ministro de la Secretaría de Acción Social (Ministerio de Asuntos Sociales), Gobierno de Paraguay

El moderador inició la reunión recordando que la Coalición Global para Pisos de Protección Social se creó en 2012, con un marco y una serie de sistemas que permiten a los Estados la aplicación de la protección social con un enfoque de derechos humanos. Los grupos de trabajo de la Coalición se centran en cuatro problemas principales:

1. Estudiar las plataformas nacionales y regionales dirigidas a apoyar la aplicación de los pisos de protección social.
2. Analizar las opciones de financiamiento de los pisos de protección social.
3. Supervisar la aplicación de los pisos de protección social.
4. Promover un instrumento internacional o una resolución de las Naciones Unidas en materia de pisos de protección social.

Como organización miembro de la coalición, la Confederación Sindical Internacional (CSI) fomenta la participación de las ONG en los debates nacionales de la aplicación y la promoción de pisos de protección social a nivel internacional.

¿De qué modo pueden los pisos de protección social contribuir a la erradicación de la pobreza?

Régis de Muylder, médico y miembro del voluntariado permanente de ATD Cuarto Mundo compartió cómo su equipo, en colaboración con la ONG de Haití, Servició Ecuménico de Ayuda Mutua [SOE, por sus siglas en francés] ha desarrollado un enfoque integral para la erradicación de la pobreza que garantiza el acceso a una cobertura sanitaria de base a las familias más vulnerables a partir de un sistema de micro-seguro sanitario. El proyecto ha favorecido la participación de las familias en situación más grave de pobreza gracias a un enfoque inclusivo que prevé un compromiso a largo plazo así como el desarrollo de un conocimiento y una práctica comunitaria; un proyecto concebido desde la base que prioriza la educación, el bienestar de las niñas y niños pequeños y la contratación y formación de personal sanitario comunitarios originarios de la misma comunidad. Mediante un costo únicamente de 11,50 (dólares estadounidenses) por persona al año, 918 familias han beneficiado de atención sanitaria en 2016.

Una evaluación del proyecto demostró que este sistema de cobertura sanitaria prácticamente ha eliminado el empobrecimiento causado por los gastos de salud así como la necesidad de las personas a renunciar a gastos básicos en materia de salud por motivos económicos. Esto ha supuesto una mejora global de los indicadores en materia de salud de las familias que participan, en comparación con la población general del área metropolitana.

El conocimiento del Sr.  de Muylder, basados en su experiencia como médico, profesional y miembro del voluntariado permanente de ATD Cuarto Mundo, ha permitido mostrar cómo se puede alcanzar a las personas más desfavorecidas mediante un enfoque que pone a las personas en el centro de toda preocupación. Sus orientaciones dirigidas a mejorar las prácticas y las estrategias y a avanzar, contribuyen a mejorar la cobertura sanitaria universal, a aumentar la contribución del Estado en el gasto sanitario y a fomentar un enfoque multidimensional dirigido a reforzar las capacidades de la comunidad.

Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT, presentó una visión global de los pisos de protección social y habló de los obstáculos económicos para su aplicación. Los pisos de protección se definen como una serie de garantías universales para toda la ciudadanía, a lo largo de todo el ciclo vital, que incluye un apoyo para las personas en situación de discapacidad o de jubilación. Son derechos universales para todas las personas, entre otras, quienes viven en situación de pobreza. A pesar de la aprobación del mandato de la OIT sobre los pisos de protección social, las diferencias entre los distintos niveles de cobertura siguen siendo importantes.

• Únicamente el 45% de la población tiene acceso a un mínimo de protección social garantizada.

La OIT ha creado una serie de instrumentos, entre otros, la calculadora de Sistema de Protección Fiscal, para probar el espacio fiscal disponible, incluso entre los países más desfavorecidas, para la aplicación de pisos de protección social. El financiamiento de los pisos de protección social de base tendría un costo total entre el 1 y el 9% del PIB. La OIT alienta a todas las partes implicadas a contribuir para que se inicien los debates a escala nacional sobre la materia.

Hanta Fida Cyrille Klein destacó la necesidad de un enfoque de sistemas de protección social con enfoque de derechos humanos, que incluya una serie de niveles mínimos para cubrir las necesidades de la población más desfavorecida. Madagascar ha puesto en marcha un sistema de niveles mínimos de protección social con el fin de erradicar la miseria, especialmente en las zonas más rurales. El Gobierno ha establecido como prioridad la ampliación de la protección social a través del ministerio y de la oficina nacional para la protección social que, recientemente, ha aprobado una ley sobre este plan en favor de las personas ancianas.

Los objetivos globales del Gobierno son la reducción de un 50% de personas en situación de extrema pobreza y la de poder proporcionar, por lo menos a la mitad de la población en situación más vulnerable, una protección social mínima y eficaz de aquí a 2030. Sus cuatro estrategias principales son: aumentar el ingreso mínimo de la población en situación más grave de pobreza; mejorar el acceso a los servicios sociales esenciales, entre otros, la cobertura sanitaria; fomentar y proteger los derechos humanos fundamentales de la población más vulnerable y garantizar la progresiva ejecución de su plan de pensiones de jubilación no contributiva para personas ancianas.

Madagascar ha defendido la aprobación de una resolución de las Naciones Unidas sobre los pisos de protección social que reafirme la importancia de la seguridad social como un derecho humano.

Héctor Cárdenas expuso de manera más específica las diferentes formas con las que el Gobierno de Paraguay ha priorizado la inclusión de la población indígena en los diferentes programas sociales.

Uno de los programas sociales más emblemáticos, y que ha logrado una cobertura a nivel nacional, es el programa de transferencia de efectivo denominado Tekopora. El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de la población indígena priorizando su derecho al acceso a la alimentación, a la salud y a la educación. Este objetivo se ha logrado mediante el aumento de la utilización de servicios esenciales y el refuerzo de los vínculos sociales para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Este programa ha obtenido notables progresos gracias al apoyo a las familias originarias de las comunidades indígenas, pasando de una cobertura del 3% en 2103 a un 95% a finales de 2017. El objetivo es lograr una cobertura del 100% este año. Gracias a esta inclusión se ha producido un retroceso del desarraigo familiar, una mejora de la seguridad alimentaria y la permanencia en la escuela. El reconocimiento y la aplicación del derecho a una consulta previa, gratuita e informada así como el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas es fundamental para su inclusión específica en el programa de protección social.

Debate con el público:

Después de estas intervenciones, se produjo un debate entre los diferentes ponentes y el publico que se centraron en la creación, la financiación y la ampliación de los programas de protección social.

• La creación de un programa de protección social.
  Se preguntó cómo este tipo de programas se pueden poner en marcha con recursos y datos insuficientes. El Dr.  Regis de Muylder explicó que cuando inició el programa de cobertura sanitaria en Haití había muy pocos datos disponibles. Sin embargo, debido a su firme compromiso para trabajar directamente con la comunidad, logró desarrollar una comprensión sobre las necesidades sanitarias de estas personas gracias a un continuo diálogo y presencia en la comunidad.
• La réplica de estos programas de protección social a nivel de un país. Se acordó que la extensión de un programa a nivel nacional es imposible sin voluntad política y sin la colaboración con las instituciones públicas, así como con otras organizaciones locales.
• La financiación y la garantía de sostenibilidad de estos programas de protección social: las organizaciones del sector público deben comprometerse a financiar una serie de niveles mínimos destinados a las personas más vulnerables. La colaboración y la creatividad son necesarias para la creación de espacios fiscales para la protección social.

En conclusión, y como destacó el representante del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos, es fundamental reconocer la interdependencia del derecho a la protección social con los demás derechos económicos, sociales y culturales si queremos erradicar la pobreza antes de 2030. Como se ha puesto en evidencia en este evento paralelo, el derecho a la protección social está vinculado al derecho a la salud, a un trabajo decente, a la vivienda, al agua y al saneamiento pero también al derecho de consulta y participación. Esta misma interdependencia es un eje central de la Agenda 2030. Únicamente un enfoque integral e inclusivo, fundamentado en la indivisibilidad de los derechos humanos, permitirá a la comunidad internacional el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.