El pasado 10 de diciembre en el Centro Social Galileo, Madrid, con motivo del Día de los Derechos Humanos, ATD Cuarto Mundo España en colaboración con la Marea Básica [movimiento social de base para la defensa de los derechos fundamentales y contra la precariedad], organizaron una jornada de formación y encuentro de personas y organizaciones sobre el tema: Derechos Sociales, ¿hermanos pequeños de los derechos humanos?.

Las personas que participaron en la jornada abordaron las diferentes posibilidades que ofrece la Carta Social Europea como instrumento de defensa de las violaciones de derechos humanos, tanto en España como en otros países.
Las intervenciones abordaron diferentes aspectos como:

• La experiencia de las organizaciones internacionales en el recurso al procedimiento de reclamaciones colectivas.
• La defensa de los derechos para personas en situación de precariedad social por parte de las organizaciones de la sociedad civil gracias a la movilización social.
• La ratificación de la Carta Social Europea en el seno del Parlamento español y las iniciativas a nivel político.
• La posibilidad de recurso en justicia y en el ámbito jurídico.

Las políticas sociales desde hace años viven una fuerte tensión en Europa. La crisis financiera y económica de 2008 obligó a los países a reducir sus presupuestos y estos recortes presupuestarios afectaron también la protección social de la población. Además, más allá de la crisis, hay una serie de situaciones intolerables e injustas que perduran.
¿Cómo hacer frente a esta situación y que se produzcan una serie de transformaciones para garantizar una vida digna para todas las personas? La Carta Social Europea «incluso si su propio nombre no lo indica con claridad es, sin embargo, un tratado de derechos humanos que los Estados firmaron y que están obligados a respetar», nos recuerda Carmen Salcedo Beltrán, profesora de derecho de la Universidad de Valencia.

De este modo, cuando Grecia decidió disminuir el salario mínimo para trabajadoras y trabajadores menores de 25 años y aumentó el período de prueba a un año fue cuestionada por el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa por violar la Carta Social Europea.

En España, los sistemas de garantía de renta mínima, en la mayor parte de las autonomías del país son inadecuados. A este respecto, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido en reiteradas ocasiones, desde 1996, que este sistema de renta mínimos incumple el artículo 13 párrafo 1 de la Carta Social, puesto que el monto de esta es insuficiente y se sitúa por debajo del umbral de pobreza.

Carta Social Europea, un recurso para el respeto de los derechos

Pese a su carácter obligatorio, las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no siempre logran que los sistemas legislativos cambien. Sin embargo, gracias a este procedimiento una serie de problemas sociales de gravedad son reconocidos y definidos públicamente a nivel internacional como violaciones de derechos fundamentales y es posible apoyarse en estas conclusiones para recurrir ante la justicia.

«Actualmente, en el contexto europeo, es cada día más difícil percibir cuales son las referencias en términos de derechos sociales. En el año 2000, la Unión Europea se dotó de la Carta de Derechos Fundamentales y muy recientemente, en noviembre de 2017, aprobó el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Todos esos avances son útiles», dice Bert Luyts, delegado de ATD Cuarto Mundo ante las instituciones de la Unión Europea, «pero no podemos obviar que la Carta Social Europea es la referencia principal en la materia».

Dos ejemplos muestran como la Carta Social Europea ha sido eficiente en la lucha por el respeto de los derechos humanos de las personas en situación de pobreza son:

• En enero de 2006, ATD Cuarto Mundo presentó una reclamación colectiva contra Francia porque muchas familias en situación de pobreza no tenían acceso a una vivienda social o únicamente después de plazos excesivamente largos. Después de un examen de los hechos y audiciones, en diciembre de 2017, el Comité Europeo de Derechos Sociales confirmó que Francia violaba el artículo 31 sobre el derecho a la vivienda y el artículo 30 sobre la protección contra la pobreza. Esta reclamación colectiva contribuyó efectivamente a acelerar el proceso de adopción de la ley de derecho exigible a la vivienda en 2007.
• En el año 2014, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó una reclamación colectiva contra Irlanda para denunciar el estado persistente de vivienda deficiente y la falta de vivienda adecuada en una parte del sistema de viviendas sociales. La conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales de mayo de 2017 afirmó que Irlanda no respetó el artículo 16 de la Carta Social Europea. Aunque sea aún demasiado pronto para valorar si el Gobierno toma todos los medios necesarios para mejorar el estado de las viviendas sociales en ese país, para los habitantes esta conclusión de Estrasburgo es muy importante.  Con esta conclusión se reconoce por fin que la reponsabilidad del mal estado de sus viviendas es, en gran parte, de las agencias de viviendas sociales y del Estado y que no solamente se debe a la falta de mantenimiento por parte de los habitantes.

Son dos ejemplos del alcance del procedimiento de reclamaciones colectivas en el marco de un protocolo que los Estados pueden ratificar para hacer efectiva la Carta Social Europea revisada y que permite, a las organizaciones de la sociedad civil y a las ONG internacionales habilitadas para ello, revisar prácticas que no están en conformidad con la Carta Social Europea y que pueden conllevar la obligación de los países a realizar cambios legislativos y administrativos. Además hay otros medios de control mediante el protocolo de presentación de informes de los países sobre la aplicación de la Carta Social Europea que dan lugar a una serie de recomendaciones de obligado cumplimiento (conclusiones).
Los países que no han firmado la Carta Social revisada o que no han ratificado el protocolo de reclamaciones colectivas, únicamente deben cumplir las conclusiones o las decisiones de fondo relativas a los artículos que han ratificado.

De este modo, a partir de las conclusiones, desde 1996, España está obligada a mejorar el dispositivo de renta mínima. Un colectivo de asociaciones, de las que es miembro ATD Cuarto Mundo España, junto con Cáritas España, EAPN España y la Plataforma del Tercer Sector, se han movilizado para alentar el uso de la Carta Social Europea ante los tribunales administrativos en casos relacionados con el sistema de rentas mínimas. Este colectivo ha solicitado al Gobierno y al Parlamento que ratifique la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas. El 23 de noviembre pasado se votó por unanimidad una moción en favor de la ratificación en el Congreso.