El 14 de junio de 2016, ATD Cuarto Mundo ganó la lucha por incluir en la ley el reconocimiento de la discriminación en razón de la precariedad. Denominar a una persona con el apelativo de «caso social», excluir a una hija o hijo de padres desempleados del comedor escolar, rechazar la atención sanitaria a una persona que se beneficia de la atención universal sanitaria en razón de su falta de ingresos CMU-C [Modalidad de atención sanitaria gratuita por falta de ingresos], todos estos supuestos pueden actualmente ser denunciados y las personas pueden defenderse de ellos. Pero no siempre encontramos un modo de denominar esta serie de discriminaciones y aún queda lograr hacer avanzar las mentalidades.

¡Lo hemos logrado! La precariedad social es desde ahora un motivo de discriminación según la legislación francesa. Tras el voto del senado el 18 de junio de 2015, los diputados votaron, el pasado 14 de junio, una ley referente a esta cuestión. Para ATD Cuarto Mundo y sus socios, se trata de una victoria que culmina siete años de esfuerzos, desde el año 2009, en el que nuestra asociación inicia esta lucha al presentar un informe ante la Autoridad Superior de lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad (HALDE).
«Finalmente se reconoce lo que viven las personas en situaciones más graves de pobreza, celebra Claire Hédon, presidenta de ATD Cuarto Mundo Francia. Se trata de un gran logro, un paso indispensable para que al fin esta discriminación se reconozca y se nombre. Pero también constituye el inicio de un camino. Es necesario trabajar con las personas para que comprendan lo que se oculta tras esta discriminación cuyas marcas son insidiosas.»

Una discriminación poco conocida

La pobreza a menudo se percibe como un elemento de injusticia, pero la discriminación que genera es poco conocida. Sin embargo, son numerosos los derechos que se violan por miedo a las personas que viven en situación de pobreza o por presunción de incapacidad, por ejemplo: el acceso a la asistencia sanitaria para los beneficiarios de la asistencia universal (CMU), el rechazo a alquilar cuando el costo será cubierto por las ayudas a la vivienda, la discriminación al empleo para personas en cuyo CV aparece su anterior residencia en un albergue social o en una empresa de inserción, el rechazo a construir viviendas sociales… La imagen negativa que genera es el origen de muchas situaciones de abstención de la exigencia de derechos.

«Toda mi vida ha estado marcada por etiquetas, explica Doris Mary, militante ATD Cuarto Mundo de Lyon. De pequeña estuve en acogida. Una vez adulta he tenido problemas de enfermedad psicológica. Yo puedo daros muchos ejemplos de discriminación. Un día fui a visitar a un mediador para unos asuntos de telefonía. Le expliqué mi situación, a lo largo de toda la reunión, únicamente se dirigía a la persona del centro de acogida que me acompañaba, nunca a mí. Me sentí muy frustrada e incluso enfadada, la poca confianza que tenía en mí misma se desvaneció por completo.»

«Soy una persona que percibe el ingreso mínimo de inserción (RSA Ingreso de Solidaridad Activa), explica también Tony Jacques, de Reims. Mi residencia es un CHRS (Centro de alojamiento y reinserción social). Esto me ha creado problemas a la hora de recibir respuestas a las demandas de empleo. No recibo los correos de las declaraciones semestrales, tampoco las ofertas de empleo del Servicio de Empleo, ni tan siquiera siempre los correos de ATD Cuarto Mundo. Recibí un curso de formación sobre cocina rápida, esperaba una respuesta y no recibí nada. Es una discriminación no contar con un domicilio propio y no tener una dirección propia.»

En el libro blanco «Discriminación y pobreza» (en francés) de 2013,  ATD Cuarto Mundo había demostrado, basándose en ejemplos, que las personas en situación de extrema pobreza sufrían discriminaciones en razón de su propia precariedad.
Las personas que elaboraron el informe habían realizado una serie de (testings) pruebas. Habían comparado las candidaturas espontáneas a una oferta de empleo como cajero en un supermercado: una persona que había trabajado en una empresa de inserción o que vivía en un albergue social recibía sustancialmente menos respuestas que otra, menos desfavorecida.

Y, sin embargo, era como si esta realidad no existiera. La ley reconocía que algunas personas podían sufrir un trato injusto al residir un barrio «sensible» o si padecían algún tipo de discapacidad. Pero ignoraban las injusticias que padecían las personas en razón de su situación de pobreza.

¿Qué es lo que la ley cambia?

La discriminación en razón de la precariedad social está inscrita en dos textos: en el Código Penal, lo que implica que puede estar perseguido por la ley, y en el Código de Trabajo. Esta discriminación se suma a otros veinte criterios ya reconocidos.

Pero los legisladores entienden que el término de precariedad social es demasiado poco específico y han preferido otra formulación: Una persona no puede ser discriminada en razón de su «especial vulnerabilidad resultante de su situación económica».

Todo no va a resolverse como por milagro, pero se trata de una base necesaria para lograr el avance en las mentalidades, y ver, en los casos más flagrantes, si procede iniciar un proceso judicial.

A partir de ahora, las personas que viven o que sufren estas injusticias pueden ser escuchadas ante la justicia. Francia se suma así a los países en los que existe una prohibición explícita de esta discriminación y que tiene logros significativos: Bélgica, prohibida desde 2007, que está a la cabeza, después Sudáfrica en 2000, Bolivia en 2010 y Ecuador en 2014.